CATALUÑA, EL DERECHO A DECIDIR

Hay falacias que es necesario desmontar a la hora de hablar del legítimo derecho a decidir de cada pueblo. Falacias que sustenta tanto el gobierno de la nación como muchos de los partidos políticos nacionales, además de tertulianos de derechas y de la falsa izquierda, de esa progresía que tanto daño ha hecho a esta sociedad.

No ha habido voluntad del gobierno central por buscar una solución negociada al conflicto. Se ha criticado, denunciado, vilipendiado el nacionalismo catalán… desde posiciones claramente nacionalistas españolas. Y nadie olvide que el peor de los nacionalismos que ha dado esta tierra es el español, culpable, entre otras cosas, de la guerra civil española y la posterior dictadura.

Cataluña quiere votar. Se le niega. Los catalanes quieren decidir si son independientes o permanecen con España. Se les niega. Además, se les quiere amedrentar anunciándoles tragedias económicas, crisis sociales y ninguneo en Europa. Como si a los pueblos solo les moviera el interés monetario, y no la identidad y las tradiciones.

¿Qué miedo hay a un referéndum en Cataluña? Si tan españoles se sienten, no debería haber ese pánico a la consulta. Y si sale un sí rotundo a la autodeterminación… que se asuma, que en la democracia es el pueblo el que decide.

Pero ¡ojo! Quien ha de decidir es el pueblo catalán. Que esa es la otra falacia de los nacionalistas españoles, que piden que, si hay referéndum, ha de votarlo todo el pueblo español. Los mismos de los recortes, de las promesas incumplidas, de los fraudes en los programas electorales, de la corrupción… Los mismos anti demócratas que todavía no han juzgado los crímenes del franquismo se erigen ahora en líderes de la democracia y de la sacrosanta constitución.

La solución, porque la hay, es un estado federal. Una república federal ibérica, con una constitución consensuada y, esta vez sí, votada por todos los ciudadanos de esta tierra. Solo así se impedirá una ruptura anunciada y, desgraciadamente, irremediable, tanto por la estupidez del gobierno central como por su incapacidad de asumir compromisos consensuados con todos.

Francisco J. Segovia -Granada-